Durante tres jornadas de intensa actividad y negociaciones, destacados abogados corporativos de la región participaron del Foro Regional Latinoamericano de la International Bar Association, realizado en el hotel Enjoy Punta del Este. Se trató de socios de estudios jurídicos con presencia en ciudades clave como Nueva York, Santiago, Montevideo, San Pablo y Buenos Aires, cuyos clientes incluyen fondos de private equity, organismos multilaterales y grandes corporaciones internacionales.
El diagnóstico compartido en el encuentro fue consistente con el expresado semanas atrás en Argentina Week: el país ha vuelto a posicionarse en la agenda de los inversores globales. Sin embargo, el interés aún no se traduce en decisiones concretas de inversión. La Argentina despierta atención, pero el capital de mayor envergadura continúa adoptando una postura expectante.
En este contexto, emerge con fuerza una referencia temporal: 2027. Entre los actores del mercado parece consolidarse la percepción de que el ingreso significativo de capitales estará condicionado al resultado de las próximas elecciones presidenciales y a la capacidad del oficialismo de sostener o ampliar su poder político. Mientras tanto, el foco se concentra en instrumentos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), concebido como un canal inicial para canalizar proyectos.
Lejos de responder a una desconfianza estructural hacia el Gobierno, esta actitud refleja una lógica de cautela. La actual administración mantiene una posición dominante en el escenario político, sin una oposición claramente consolidada. No obstante, persisten factores de incertidumbre, entre ellos tensiones internas no resueltas y la aún limitada evidencia de resultados económicos contundentes.
Las encuestas recientes comienzan a mostrar señales de desgaste. Un relevamiento de AtlasIntel difundido por Bloomberg indica una caída en la aprobación del presidente Javier Milei, junto con un incremento en los niveles de desaprobación. Asimismo, las principales preocupaciones sociales se concentran crecientemente en la corrupción y el desempleo, desplazando otras variables.
En este marco, episodios recientes vinculados a funcionarios —como el caso de Manuel Adorni— han impactado negativamente en la narrativa oficial de renovación institucional, en momentos en que el Gobierno busca sostener el respaldo social frente a un proceso de ajuste aún en curso.
En el plano económico, comienzan a evidenciarse señales de desaceleración. Si bien sectores como la minería y la energía mantienen dinamismo, otros indicadores relevantes muestran un desempeño más débil. El crédito al sector privado, uno de los motores de la recuperación reciente, registra un crecimiento limitado en términos reales. Según datos del Banco Central de la República Argentina, el incremento nominal en lo que va de 2026 se ubica por debajo de la inflación estimada para el mismo período.
Al mismo tiempo, el sistema financiero enfrenta un aumento en los niveles de morosidad, en parte como consecuencia del endurecimiento de las condiciones crediticias durante la segunda mitad de 2025. Si bien se observan indicios de estabilización, vinculados a políticas más prudentes de otorgamiento y refinanciaciones, aún no hay señales concluyentes de mejora sostenida. En este contexto, la autoridad monetaria comenzó a flexibilizar gradualmente algunas restricciones, aunque manteniendo una postura cautelosa.
Por su parte, la política fiscal limita el margen de acción del Estado como impulsor de la demanda. El proceso de consolidación fiscal, uno de los pilares del programa económico, implica que el gasto público no actuará como amortiguador frente a una eventual desaceleración. Proyecciones oficiales anticipan un segundo trimestre con desempeño similar al primero, con mejoras puntuales en la recaudación hacia mitad de año compensadas por mayores erogaciones previsionales.
El consumo privado tampoco exhibe señales robustas. La recuperación del salario real pierde impulso y los datos recientes muestran incrementos por debajo de la inflación. En paralelo, la inversión privada continúa concentrada en sectores específicos como hidrocarburos, minería y agroindustria, sin una expansión generalizada al resto de la economía.
A esto se suma un cambio en la percepción del Gobierno dentro del sector privado. La imagen de una administración ajena a las prácticas tradicionales comienza a erosionarse, en parte por la atención que generan los procesos de licitación en curso. El Ejecutivo impulsa un conjunto de privatizaciones y concesiones que podrían constituir una señal relevante para los inversores internacionales, aunque también implican riesgos si enfrentan cuestionamientos o dificultades en su implementación.
Entre estos procesos, tres concentran especial atención. El primero es la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay, considerada una de las concesiones más relevantes por su impacto en el comercio exterior y su complejidad técnica. El segundo corresponde al sistema ferroviario de cargas Belgrano Cargas, clave para la integración productiva del norte argentino con los puertos del litoral. El tercero es el proceso vinculado a AySA, empresa de servicios de agua y saneamiento que el Estado evalúa reconfigurar.
Estos proyectos son seguidos de cerca por estudios jurídicos especializados y representaciones diplomáticas, en un contexto donde también surgen especulaciones sobre cambios en los interlocutores oficiales, particularmente en áreas sensibles del Gobierno vinculadas a la toma de decisiones estratégicas.
De cara a los próximos meses, el desafío para la administración será consolidar señales que permitan revertir la actual postura de espera del capital internacional. El objetivo será demostrar que postergar decisiones de inversión hasta 2027 podría implicar perder oportunidades en el corto plazo. Por el momento, esa convicción aún no logra imponerse.
